En Antioquia, 662 millones para publicidad

La auditoría General de la República ha asegurado que la Contraloría de Antioquia se confirió el año pasado, cien contratos publicitarios para sí mismos, que rompen con las disposiciones referentes al plan de austeridad, que asegura que no es posible que se realicen gastos en publicidad.  La Auditoría General de la República afirmó que estos procedimientos ocasionaron un deterioro por 662 542 millones. Esto fue lo que ocasionó que se iniciara un proceso de responsabilidad fiscal contra Jorge Rojas Otalvaro, quien solía ser el contralor de Antioquia, mas no será el único en enfrentar el proceso ya que alcanzará a otros cuatro ex funcionarios.
Persiguiendo el objetivo de publicitar, promover el control social y difundir programas, la Contraloría de Antioquia, anteriormente bajo el  poder de Jorge Rojas Otalvaro, se concedió 100 contratos a medios nacionales y locales en 2011, operación que parecía ser normal y legal hasta que se llevaron a cabo ciertas auditorías que rebelaron irregularidades en dichas operaciones, entre ellas, el hecho de que ya existía un convenio contractual con tele Antioquia y la Universidad de Medellín para transmitir un programa institucional que llevaba por nombre “Cuentas claras y manos limpias”. Según la auditoría, ya cumplían actividades de similar origen y de mayor cobertura en la jurisdicción de la Entidad de Control.
Ardila por su parte asegura que la anomalía en el proceso consistió en no informar sobre la celebración de 100 contratos de publicidad, sino que por el contrario, firmó contratos con los mismos fines con los que desarrollaban contratos en la Universidad de Medellín y Tele Antioquia.
El auditor General de la República explicó también que por lo antes dicho, los recursos que la Contraloría en contratación de diferentes medios de comunicación nacionales y regionales utilizó con fines de divulgación de resultados de su gestión, aparte de publicitar el software de Gestión Transparente, así como promocionar la participación de la comunidad y control fiscal, ocasionó una gestión anti económica para la Entidad, que ocasiona la pérdida  de contratos por 662.542.873 millones, poniendo así en duda y en peligro el principio de economía contenido en el artículo 25 de la ley de 1993.
Otros participantes que también podrán ser sometidos al proceso, son Octavio Duque Jiménez, exdirector Administrativo y Financiero, Luis Fernando Bustamante Arizmendy, exdirector Administrativo y Financiero (E), Luz Adriana Monsalve Tobón, subdirectora Operativa, y Luz Dary Cortes Taborda, exsubdirectora Operativa (E).